MoralesArias Abogados

A un año del decreto 560

Próximos a cumplir un año de haberse decretado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y el consecuente aislamiento social obligatorio ocasionado por el Covid-19, una vez alcanzado el grado de pandemia declarada por la OMS, con las consecuencias obvias en el cambio repentino de todo orden en la vida cotidiana, incluido por supuesto el factor económico; vale la pena recordar el Decreto Legislativo 560 de 2020, norma decretada por el Gobierno Nacional, que a causa de las nuevas condiciones provocó algunos cambios, (no todos los deseados) de antaño esperados para nuestro Régimen Concursal y ha sido un excelente complemento a la Ley 1116 de 2006 representando una alternativa viable y expedita para aquellos empresarios que atraviesan situaciones críticas de insolvencia económica.

Adicional a lo anterior, y considerando que se acerca la fecha de celebración de las reuniones de asamblea de socios más importante del año, donde se abordan los asuntos y decisiones que habrán de marcar la ruta para los retos presentes y futuros, en muchos casos los atinentes a la posibilidad de iniciar el trámite del Proceso Recuperatorio de la empresa; hemos querido recordar algunas de esas alternativas que ofrece el Decreto 560 como mecanismo de salvamento de las unidades productivas y con ello la protección de los puestos de trabajo, la recuperación del crédito y la normalización de las relaciones comerciales.

Trámite expedito

Se trata de un procedimiento independiente del trámite tradicional de la Ley 1116 de 2006, pero con los efectos de su articulado, como el 17 y 20 de esta Ley, cuyo término se reduce a una negociación de 3 meses, bien sea a través de la Negociación de emergencia ante la Superintendencia de Sociedades, Juez del circuito, o ante las Cámaras de Comercio haciendo uso del Procedimiento de Recuperación Empresarial.

Una de esas novedades que permite la pronta admisión al proceso consiste en la omisión de la auditoria tradicional y rigurosa de la información financiera y contable del trámite ordinario de la Ley 1116, dejando la responsabilidad de su contenido al deudor, a su contador o revisor fiscal respecto de la veracidad de esa información, sin perjuicio que la entidad pueda solicitar posteriormente la complementación o pruebas de veracidad de dicha información, eso sí, con la exigencia que el deudor certifique que lleva contabilidad regular de sus negocios.

Pago de pequeñas acreencias

Un asunto importante es la posibilidad de que el deudor realice pagos, sin autorización del juez, de pequeñas acreencias de tipo laboral, con proveedores o acreedores de la empresa, cuyos montos no superen el 5% del total del pasivo a reorganizar, con el deber de parte del deudor de hacer una relación de esos pagos y presentarlos al Juez del concurso.

Venta de activos de la compañía

Existe una flexibilización importante a lo largo de Decreto en la disposición de activos garantizados. El deudor podrá vender activos de la compañía, siempre que estos no estén afectos a la operación o al giro ordinario de los negocios de la empresa, y siempre que los recursos obtenidos de esas operaciones se utilicen para pagar las pequeñas acreencias antes mencionadas. Lo anterior, obviamente sin vulnerar los derechos de los acreedores garantizados.

Mecanismos de alivio financiero

También permite la norma, la capitalización de pasivos por vía de suscripción de acciones donde los acreedores pueden convertirse en accionistas de la compañía, bonos de riesgo y otros mecanismos de subordinación de deudas, la descarga del pasivo que exceda su valoración como empresa en marcha aprobada por los acreedores externos que representen por lo menos el 60% de los acreedores con vocación de pago excluyendo votos de acreedores internos y vinculados, siempre que no afecte otros derechos, como lo laborales. Igualmente es posible el pacto de deuda sostenible con entidades financieras mediante su reperfilamiento en vez de pago total de la obligación.

Financiación durante el proceso de reorganización

En el evento que el deudor vea frustrada la financiación por los medios tradicionales, podrá solicitar al Juez: “1. Respaldar el crédito con garantías sobre sus propios activos que no se encuentren gravados a favor de otros acreedores o sobre nuevos activos adquiridos. 2. Otorgar un gravamen de segundo grado sobre los activos previamente gravados con garantía. 3. Otorgar una garantía de primer grado sobre bienes previamente gravados, con el consentimiento previo del acreedor garantizado que será subordinado. En ausencia del consentimiento de dicho acreedor, el juez podrá autorizar la creación de la garantía de primer grado siempre que el deudor concursado demuestre que, a pesar del nuevo gravamen, el acreedor originalmente garantizado gozará de protección razonable. La protección razonable supone establecer o implementar medidas para proteger la posición del acreedor garantizado, tales como la realización de un pago anticipado total o parcial de las obligaciones garantizadas, la sustitución del activo objeto de la garantía por uno equivalente, la realización de pagos periódicos, entre otras.”

Como se puede apreciar, el Decreto 560 de 2020 representa un mecanismo idóneo y oportuno para la permanencia y recuperación de las empresas, en la medida que sea aprovechado de manera oportuna cuando la viabilidad del negocio aún sea posible, para lo cual los socios y administradores deberán decidir de manera clara e informada la ruta a seguir; de lo contrario probablemente el camino será la liquidación ordenada de sus activos.

Willington Morales R. –  Socio MA&AA

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