Continuidad de contratos en los procesos de reorganización

Continuidad de contratos en los procesos de reorganización

El inciso primero del artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, de idéntica aplicación para los procedimientos adelantados bajo los Decretos 560 y 772 de 2020, da cuenta de la continuidad de los contratos que haya suscrito la empresa concursada en los siguientes términos:

Por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía. Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha.

La razón de ser de esta disposición atiende al cumplimiento de una de las finalidades del proceso recuperatorio por vía de Reorganización, cual es la preservación y recuperación de la empresa viable, toda vez que si se permitiera la terminación unilateral de los contratos que estuviese ejecutando la empresa en crisis, este hecho podría causar el efecto contrario acelerando su desaparición. Para entender la trascendencia de tal prohibición bastaría con imaginar lo que ocurriría, por ejemplo, si se diera por terminado un contrato de suministro por el hecho de haber sido admitida una empresa al trámite concursal. En el proceso de reorganización, la empresa en crisis requiere y depende en grado sumo de sus proveedores y en general de sus demás acreedores para la subsistencia del negocio.

Ahora, el inciso segundo del artículo en mención dispone que:

“Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarse para exigir su terminación, independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales.”

La mención del inciso segundo hace alusión a la posibilidad de terminación del contrato en el evento de incumplimiento de parte del deudor, una vez iniciado el proceso de Reorganización en los siguientes casos:

  1. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales causadas con posterioridad a la fecha de apertura del proceso de reorganización, toda vez que estas tiene el carácter de “gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización”, de conformidad con el art. 71 de la Ley 1116 y su incumplimiento dará lugar a la terminación del contrato, sin que pueda alegarse que el deudor está en proceso de reorganización.
  2. Cuando se trate del incumplimiento de obligaciones distintas a las relacionadas con dicho trámite concursal.
  3. Cuando el proceso de declaratoria de la caducidad administrativa haya sido iniciado con anterioridad al inicio del proceso de reorganización.

El transcrito numeral tercero, en concordancia con el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 que dispone que la apertura de la reorganización no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral del contrato.

Por otra parte, el articulo 21 también contempla la posibilidad de renegociación, “de mutuo acuerdo” de los contratos en los que sea parte el deudor, y en el evento de no lograrse tal renegociación, el deudor podrá solicitar al juez del concurso que ordene su terminación, previa acreditación, 1. que se trata de un contrato de tracto sucesivo en proceso de ejecución, y 2. que este representa una excesiva onerosidad sobrevenida (…)“tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado al momento de la terminación.

Ahora, la parte final del articulo 21 de la Ley 1116 de 2006 señala que cuando el juez de concurso autorice la terminación del contrato, el afectado podrá reclamar la respectiva indemnización, mediante el trámite previsto para tal fin a través del procedimiento abreviado y el monto que resulte de la indemnización se incluirá en el acuerdo de reorganización, en la clase que corresponda.

Respecto de los contratos de fiducia, la Superintendencia de Sociedades determinó mediante oficio 220-021057 de febrero de 2013, que los contratos de fiducia continúan vigentes después de la apertura del proceso de reorganización, y terminan después de la apertura de la liquidación judicial o de la no presentación del acuerdo o la no confirmación del acuerdo presentado. En esa oportunidad señaló la Superintendencia:

Así las cosas, los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, reciben un tratamiento diferente dependiendo si trata de un proceso de reorganización empresarial o de una liquidación judicial, en el primer caso, los contratos continúan vigentes, pero no se podrán ejecutar sin autorización expresa del juez del concurso, salvo que se trate de fiducias mercantiles que tengan por objeto la emisión de títulos o titularizaciones colocadas a través del mercado público de valores; en el segundo evento, los contratos al igual de lo que sucede cuando no se presenta el acuerdo de reorganización o no se confirme éste, la apertura del proceso liquidatario implica por mandato legal, la terminación y finalización de los contrato de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, con las consecuencias jurídicas que ello comporta, cual es que los bienes objeto de los mismos deben ser restituidos al patrimonio a liquidar, inclusive los dineros que constituyan la fuente de pago de tales contratos, y los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados, se repite, como acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos, circunstancia esta que se aplica para los acreedores beneficiarios de un contrato de fiducia mercantil cuando respecto de la empresa se inicie un proceso de reorganización, cuyas obligaciones serán objeto del acuerdo que se llegare a celebrar entre la sociedad deudora y sus acreedores.

Así las cosas, el legislador consagró cinco reglas fundamentales en relación con los contratos celebrados por una empresa que se encuentre adelantando el trámite de un proceso de reorganización empresarial, a saber: i) la imposibilidad de terminar unilateralmente cualquier contrato firmado antes de la fecha de apertura del proceso; ii) la prohibición de decretar la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha; iii) la terminación de los contratos por el incumplimiento de obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización; iv) la posibilidad de renegociación, de muto acuerdo, de los contratos de trato sucesivo, entre los cuales se encuentran los de arrendamiento o de leasing; y v) si ello no fuere posible, solicitar al juez la terminación del contrato respectivo, previo el trámite incidental y el procedimiento allí previsto.

Área Insolvencia – MA&AA

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