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El gobierno corporativo y los minoritarios

Las costumbres en la administración y dirección de las compañías, sus políticas, principios y valores sobre los que se edifican los negocios prósperos, ordenados y regulados en Colombia, generadores de riqueza y su aporte al desarrollo de la economía y fuente de empleo, requieren de una adecuación a las nuevas condiciones para aquellas empresas que han considerado, con visión de futuro y responsabilidad, la implementación de políticas de un gobierno corporativo adaptado a sus propias características y necesidades.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para garantizar la pertinencia de las políticas de gobierno corporativo de una compañía, es esencial que sus reglas y normas se adapten a las políticas del país en el que han de aplicarse, y su objetivo es el de facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios que contribuya con el crecimiento y desarrollo sólido de sociedades más inclusivas.

La adopción de un código de gobierno corporativo basado en estructuras, controles y procesos que eleven el desempeño y mitiguen las adversidades que deben enfrentar las organizaciones, independientemente del sector al que pertenecen, su tamaño, estructura jurídica y cualquier otro elemento o característica diferenciadora, al igual que la manera en que se regulen las relaciones entre la alta gerencia, la junta directiva y en general todas partes de interés, y particularmente entre los accionistas mayoritarios o controlántes y los minoritarios, contribuyen al desarrollo económico sostenible, pero sobre todo a la confianza en la efectividad protectora de los asuntos regulados, no solo del ente social sino de la comunidad en general.

“El conflicto entre los intereses de unos y otros lo ha identificado desde hace tiempo la doctrina, en especial, en aquellos sistemas en donde existe una disociación entre la titularidad del capital y el control de gestión de las compañías.” (F. Reyes Villamizar, Derecho Societario 4ª Ed. Pág. 731)

Los derechos políticos de los accionistas dirigidos a influir en la sociedad se centran en determinadas cuestiones fundamentales, como la elección de sus administradores y junta directiva u otras formas de influir en su composición; la modificación de los estatutos sociales; la aprobación de operaciones extraordinarias; y otras cuestiones básicas que se establezcan en el derecho de sociedades y en el reglamento interno de la empresa. “Este apartado puede considerarse una declaración de los derechos más básicos de los accionistas, que se reconocen en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países.” (Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20 2016, Pág. 18)

Un factor fundamental para el desarrollo y el buen funcionamiento de los entes económicos es la confianza de los inversionistas en la protección del capital que aportan frente al uso y la apropiación indebidos por parte de los administradores, de las directivas de las sociedades, o de los accionistas mayoritarios mediante actos o maniobras que favorezca sus propios intereses en detrimento de los minoritarios.

Para el caso colombiano, y en general de América latina con una tradición societaria de capital concentrado o modelo tradicional donde el control de la compañía lo detentan unos pocos accionistas aportántes de la porción más grande del capital, lo cual supone un alto riesgo de expropiación de la participación de los minoritarios e inversionistas extranjeros; un código de gobierno corporativo enmarcado en la protección, equidad y el ejercicio de sus derechos políticos y económicos, puede constituir para estos una salvaguarda de sus intereses, en ocasiones más efectivo que las acciones dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico societario contenidas en el inquisitivo Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 o la Ley 1258 de 2008.

Willington Morales R. –  Socio MA&AA

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