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Eximentes de cumplimiento de obligaciones

Eximentes de cumplimiento de obligaciones

La dificultad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas y los comerciantes, anteriores al surgimiento de la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y la consecuente expedición de los decretos de emergencia emitidos por el Gobierno Nacional, se ha convertido en un tema de vital atención en esta coyuntura que afecta de manera directa las relaciones surgidas de los convenios o contratos celebrados entre los empresarios del país.

En este sentido y en atención a las continuas consultas allegadas por los empresarios con relación a las dificultades que están experimentando para cumplir con sus obligaciones contenidas en los acuerdos o contratos suscritos por estos, con ocasión del aislamiento obligatorio y su consecuente estancamiento de muchas actividades empresariales y comerciales, este articulo tiene como propósito, y de manera general, enunciar lo que se consideran algunos eximentes o excepciones de cumplimiento de esas obligaciones, excepciones que sin necesidad de estar presentes en un contrato  son aplicables, obviamente de manera probatoria.

Así las cosas, lo primero que debemos definir es, que es una obligación. En síntesis, y sin pretender profundizar en los postulados teóricos de su definición podemos decir que una obligación es un vínculo jurídico mediante el cual un acreedor puede exigir a un deudor la realización de una conducta o prestación consistente en dar, hacer o no hacer.

El derecho señala que los contratos deben cumplirse. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias extraordinarias imprevistas posteriores a la suscripción del contrato que provoquen que este resulte contrario a la intención que inicialmente tuvieron las partes, en el sentido de resultar imprevisible e inesperadamente oneroso para alguna de estas por razones no imputables a ellas, es posible acudir en auxilio de los postulados que exceptúan la obligación de cumplimiento contractual.

Fuerza Mayor

ARTICULO 64. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

La fuerza mayor es un hecho imprevisible, irresistible y no imputable al deudor que hace imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas por este.

“Aunque el típico caso de fuerza mayor es el hecho de la naturaleza, también se agrupan en el mismo concepto otras categorías, como el hecho del príncipe o el Estado, los hechos de la naturaleza y los hechos humanos.”[1] Para la situación que nos ocupa, ocasionada por el Covid-19, nos centraremos en lo que sería el hecho del príncipe, en razón del acto de autoridad mediante el cual se imponen los decretos de emergencia expedidos por el Gobierno Nacional.

[1] Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Contratos Mercantiles, Bogotá D.C. Legis 2015, Pág. 389

Las condiciones para esgrimir la fuerza mayor, como eximente de cumplimiento de una obligación contractual con posibilidades de éxito, exige el lleno de los requisitos que se derivan del artículo 64 del Código Civil, los cuales son:

  1. Que se trate de un hecho imprevisible: Es decir, que no era, razonablemente posible de prever o anticipar el hecho por parte del obligado, esto teniendo en cuenta, su probabilidad de ocurrencia o su frecuencia. (No era posible para el empresario saber que se iba a presentar una pandemia y menos que se impondría un aislamiento social obligatorio)
  2. Que el hecho sea irresistible: Es decir, que no estaba en manos del obligado evitar que sucediera. (No estaba en manos de los contratantes evitar el contagio, la emergencia ni el aislamiento)
  3. Que se deba a un hecho sobreviniente: Es decir, que sea posterior al surgimiento de la obligación contraída. (Las obligaciones contenidas en un contrato debieron haber surgido antes de la declaratoria de emergencia y el aislamiento social obligatorio).
  4. Debe ser exterior: Es decir que su ocurrencia no puede ser imputable o adjudicable al deudor. (La declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio es un acto de autoridad ejercida por funcionario público)

Ahora bien, dado que no todas las actividades empresariales están sufriendo actualmente en la misma medida las consecuencias del aislamiento social obligatorio, el grado de éxito de la exclusión del cumplimiento de obligaciones contractuales de quien la alegue, dependerá en gran medida de la actividad económica que desarrolle la empresa, la fuerza mayor es en esa medida de mayor o menor grado de demostrabilidad. Por ejemplo, no supone la misma dificultad probar la fuerza mayor como eximente de cumplimiento para una empresa de transporte de pasajeros que para una empresa prestadora de servicios de salud o una productora de alimentos de primera necesidad. De manera que depende también de las excepciones contenidas en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional respecto de actividades empresariales con mayor o menor restricción.

En el mismo sentido, todo contrato debe ser objeto de un análisis especifico, toda vez que la fuerza mayor debe ser probada, es decir, la sola declaratoria de un acto de autoridad como el impuesto por el Gobierno, no es causal de eximente de responsabilidad, deben probarse la presencia u ocurrencia de los cuatro requisitos antes enunciados. En síntesis, es fundamental demostrar mediante evidencias de hecho y de derecho, la imposibilidad de cumplir con la obligación.

Teoría de la Imprevisión

Art. 868 Código Comercio: Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.

La teoría de la Imprevisión nos dice que, cuando se presentan situaciones imprevistas, extraordinarias e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, que hagan difícil el cumplimiento de las obligaciones, dado que se torna excesivamente oneroso para una de las partes, se hace posible la revisión de los contratos de tracto sucesivo.

Por regla general en materia contractual se aplica el principio según el cual, el contrato es Ley para las partes (pacta sunt servanda) sin embargo, como toda regla, esta también tiene su excepción, que para el caso de la imprevisión es la de rebus sic stantibus o “estando así las cosas”, es decir que se supone que las partes han entendido mantener el contrato si las circunstancias en que se celebró no cambian. Esta teoría se basa en el principio de la buena fe contractual, en el entendido que ninguno de los contratantes se debe lucrar a costa del empobrecimiento del otro.

Ahora bien, los requisitos de la Teoría de la Imprevisión son:

  1. Aplica para contratos de tracto sucesivo[2]: Es decir que no se puede alegar en contratos de ejecución instantánea.
  2. Circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles: Es decir que no era posible para las partes haber previsto tales circunstancias, dado que de haberlos podido prever, no aplicaría esta teoría.
  3. Ajenos a la responsabilidad del deudor: Es decir que los hechos no pueden haberse producido por el deudor, deben ser totalmente ajenos a su responsabilidad.
  4. Que se torne excesivamente onerosa: Es decir que,  para una de las partes, y a consecuencia de las circunstancias imprevistas, imprevisibles o extraordinarias, ocasione un grave perjuicio, no atribuible a ellas.

[2] Se llaman contratos sucesivos aquellos por los cuales los contratantes se ligan el uno al otro o los unos a los otros por cierto tiempo fijado de antemano. 

Ahora bien, la diferencia entre la Teoría de la Imprevisión y la Fuerza mayor, radica en el hecho que para la primera la imposibilidad es relativa, en el entendido que el deudor podría cumplir con la obligación, pero resultaría excesivamente oneroso para este, lo cual le representaría un perjuicio grave. Por su parte la Fuerza Mayor supone una imposibilidad absoluta de cumplir con la obligación como consecuencia de un hecho insuperable.

Desaparición de la Causa

ARTICULO 1524. CAUSA DE LAS OBLIGACIONES. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.

Esta es otra institución jurídica de gran relevancia en el derecho civil y por supuesto comercial, especialmente en momentos como el presente.

El elemento más relevante de esta teoría es la demostración de la desaparición del motivo o la causa que tuvieron las partes para suscribir el negocio, bien porque sea físicamente imposible, o jurídicamente inviable. Como ejemplo puede considerarse la suscripción, previa a la emergencia, de un contrato de arrendamiento de un escenario para la celebración de un concierto que preveía la asistencia masiva de público durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Nuevamente aquí es trascendental tener en cuenta el grado de restricción de la actividad económica. Como en los demás postulados, será necesario analizar cada caso concreto, pero por regla general se aplicará la desaparición de la causa cuando el contrato ha perdido el sentido económico como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o local, dependiendo de quien haya dictado la orden y su afectación. La consecuencia lógica es que al desaparecer la causa desaparece la obligación.

Al invocar cualquier causal que pretenda eximir al deudor del cumplimiento de una obligación, no basta con la apreciación subjetiva de las partes, es decir lo que estas crean que les da argumentos suficientes para abstenerse de su cumplimiento, sino que deben existir elementos objetivos de prueba que sustenten la causal correspondiente.

Dado que la intención de este artículo es la de dar a conocer al empresario la existencia de mecanismos legales que en algo puedan aliviar sus angustias, la presente exposición no pretende evaluar de manera detallada todas las instituciones jurídicas de eximentes de cumplimiento de las obligaciones, dado que para cada caso específico en medio de esta coyuntura podría aplicar unos postulados y no otros, como podrían ser, además de la expuestas, la imposibilidad sobreviviente de cumplimiento, el deber de cooperación y otras como la onerosidad sobreviniente o la alteración de las bases del contrato.

Área de derecho Comercial – MA&AA

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