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Insolvencia económica persona natural comerciante

Si bien es cierto que el principal objetivo de nuestro régimen de insolvencia, contenido en la Ley 1116 de 2006 es la preservación de empresas viables, este también está dirigido a las personas naturales comerciantes, de conformidad con su artículo segundo, el cual hace referencia al ámbito de aplicación del régimen de insolvencia empresarial en los siguientes términos:

“Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.”

A su vez el inciso primero del artículo sexto de la norma en mención establece la competencia para conocer de estos proceso en cabeza de la Superintendencia de Sociedades al precisar que:

“La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.”

De los dos apartes transcritos se desprende que efectivamente las personas naturales comerciantes se encuentran incluidas como adjudicatarias de las posibilidades que ofrece el régimen de insolvencia de la Ley 1116 de 2006.

El artículo 9 de la precitada Ley establece como supuestos de admisibilidad al proceso de reorganización, incluidas las personas naturales comerciante, la cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente, estando legitimado para solicitarlo, en ambos casos, el deudor, y consagra el artículo 10 ídem, los requisitos de la solicitud de inicio del proceso de reorganización, además de acreditar con los documentos presentados el supuesto de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.

Ahora bien, la confusión radica, en principio, en determinar a quienes considera la Ley como comerciantes, para lo cual debemos hacer la correspondiente remisión al artículo decimo del Codigo de Comercio el cual señala que:

“Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.”

Por su parte, continuando con las descripciones del Codigo de Comercio, el artículo 13 “presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos:

1. Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3. Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”.

A su vez, el artículo 20 ibídem, indica los actos que se consideran como mercantiles, y el artículo 21 señala que “Se tendrán así mismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales”

La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio No. 220- 131546 del 17 de septiembre de 2013 se había pronunciado al respecto en el siguiente sentido:

(…) “Es importante hacer notar que, cuando la actividad de las personas naturales capaces consiste en el ejercicio profesional de actos de comercio, esa persona adquiere la calidad de comerciante y, como tal, está sujeto a obligaciones específicas, diferentes de las otras personas naturales, obligaciones que emanan principalmente de lo ordenado por el Artículo 19 ídem.

iii) De lo expuesto es claro que las personas naturales adquieren la calidad de comerciante por el hecho de ejercer actividades calificadas como de comercio o ejercer actos de comercio (Artículo 20 del Estatuto Mercantil). (…)

iv) De lo anterior se evidencia claramente que, el hecho que otorga la calidad de comerciante a una persona es la realización por parte de ésta de actos de comercio de manera profesional, habitual y no ocasional, tal y como lo establece el artículo 11 ejusdem, cuando señala: “ las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes en cuanto a dichas operaciones.”

La profesión de comerciante se predica de la habitualidad del ejercicio de tal actividad y no de su ejercicio ocasional, como sería el caso de quien vende su casa o su automóvil, pero que no es a lo que normalmente se dedica o ejerce como profesión.

Ahora bien, el artículo 19 del Estatuto Mercantil, prevé que es obligación de todo comerciante: 1) Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; 5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

Del análisis de las disposiciones en cita es posible inferir que, la persona natural comerciante tiene la carga de demostrar que tal actividad la ejerce de manera profesional y cumple con las obligaciones de todo comerciante previstas en el artículo 19 del Codigo de Comercio y puede adelantar su proceso de reorganización bajo la regulación de la Ley 1116 de 2006 ante la Superintendencia de Sociedades o, a prevención ante un Juez Civil del Circuito.

Por su parte, la insolvencia de la persona natural no comerciante se rige por las normas del Código General del Proceso, (Art. 531 y siguientes). y las controversias que se susciten en torno a la negociación de deudas y la liquidación de su patrimonio son competencia privativa del juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo.

Área de Insolvencia Económica – MA&AA

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