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INSOLVENCIA ECONÓMICA EMPRESARIAL

«En una crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad» “John F. Kennedy”

¿Cómo
podemos ayudar?

La ley 1116 de 2006 o Régimen de Insolvencia Empresarial, tiene por objeto, la recuperación y conservación de la empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y la protección del crédito a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial.

El proceso de reorganización empresarial consiste en la puesta en marcha de un procedimiento destinado a salvar al deudor, en este caso la empresa y eventualmente también a sus socios, a través de un acuerdo, el cual se celebra entre el deudor y sus acreedores, tanto internos como externos, con las mayorías estipuladas en la Ley, con el fin de pagar las acreencias vigentes al momento de la apertura del proceso, en un plazo acordado con los acreedores.

Para que una empresa sea admitida a un proceso de reorganización, en principio, además de demostrar su viabilidad, debe probar que se encuentra en alguno de los dos supuestos de admisibilidad, al tenor del artículo 9° de la Ley 1116 de 2206.

MA&AA representa a la Compañía en todo el proceso de reorganización, desde el estudio y evaluación de los supuestos de admisibilidad, hasta la asistencia en la audiencia de Confirmación de Acuerdo.

Lo invitamos a conocer las ventajas y beneficios que otorgan la Ley 1116 de 2006, y los recién expedidos Decretos 560 y 772 de 2020, a las empresas en dificultades económicas, mediante la atención de una consulta sin costo que recibirá su compañía, de nuestros profesionales en insolvencia, sin ningún tipo de compromiso.

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Todo lo que necesita saber sobre un proceso de Reorganización Empresarial

Preguntas y Respuestas

Se trata de un mecanismo diseñado para salvar a la empresa y eventualmente también a sus socios a través de la negociación de las deudas de la compañía y la reestructuración operativa, financiera y administrativa, previo el cumplimiento de unos supuestos y requisitos contenidos en la ley 1116 de 2006.

Entre los muchos beneficios que encontramos tenemos:

  • Preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.
  • Suspensión y prohibición de demandas ejecutivas o de cobro en contra de la empresa.
  • Levantamiento de embargos que pesen sobre dineros o bienes de la empresa.
  • Prohibición de efectuar pagos de obligaciones pendientes de cumplimiento, originadas antes de la admisión al proceso de reorganización.
  • Prohibición de ejecución de débitos automáticos o compensaciones por parte de las entidades financieras, de obligaciones pendientes de cumplimiento, originadas antes de la admisión al proceso de reorganización.
  • Las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización no estarán sometidas a renta presuntiva por los tres primeros años contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo.
  • Las empresas que hayan celebrado acuerdo de reorganización tendrán derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendario siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo y durante un máximo de tres años contados a partir de la misma fecha.
  • La empresa recupera su liquidez, etc.

Las personas jurídicas (empresas), las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales lo tramitan ante la superintendencia de sociedades y las personas naturales comerciantes, a prevención, ante los juzgados civiles del circuito.

Hasta antes del 15 de abril de 2020 los procedimientos de reorganización empresarial eran regulados exclusivamente por la Ley 1116 de 2006, cuando fue expedido el Decreto 560 y posteriormente el 772 mediante los cuales se estableció un Régimen de Insolvencia transitorio por 2 años, con procedimientos más expeditos, autónomos y diferentes al procedimiento tradicional de la Ley 1116 de 2006, aplicables a las empresas afectadas con la emergencia decretada por el Gobierno Nacional.

Los supuestos de admisibilidad a un proceso de reorganización los encontramos en el articulo 9° de la ley 1116 de 2006 y consisten en el incumplimiento en el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o la existencia de por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de obligaciones. en cualquier caso, el valor acumulado de estas obligaciones deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a la fecha de los estados financieros de la solicitud. además del cumplimiento de alguna de estas condiciones, el solicitante debe cumplir con el aporte de la documentación e información contable y financiera requerida por la superintendencia de sociedades.

Todas las que se hayan adquirido antes de la admisión de la sociedad al proceso de reorganización.

Las personas jurídicas (empresas) no excluidas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto, las personas naturales comerciantes, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.

A partir de la admisión al proceso de reorganización no se podrá iniciar procesos ejecutivos en contra del deudor, y los que estén en curso se suspenden y son incorporados al proceso de reorganización, al igual que las medidas cautelares y los títulos de depósito judicial.

Bajo los procedimientos de los decretos 560 y 772 de 2020, con el auto de admisión al proceso, los bienes embargados que no estén sujetos a registro, como dineros, son entregados al deudor por los despachos donde se tramiten y se levantan las medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa.

El acuerdo se celebra entre el deudor y sus acreedores. los acreedores tienen derecho a un voto por cada peso del capital que constituye su acreencia y el acuerdo se aprueba con los votos de los acreedores que decidan a favor del acuerdo con las mayorías estipuladas en la ley, razón por la cual son los acreedores quienes aprueban el acuerdo. la superintendencia de sociedades, como juez del concurso, hace el control de legalidad del acuerdo y lo confirma cuando se cumple con las estipulaciones legales y las mayorías que lo aprueben.

Solo otorga derecho a voto la suma liquidada que corresponda a capital. no dan derecho a voto ni las sanciones ni los intereses ni las multas.

Porque dichos rubros son objeto de la negociación del acuerdo, y en ese escenario las partes los debaten y deciden cómo pagarlos.

El deudor podrá solicitar la admisión a un proceso de insolvencia en los términos de la ley 1116 de 2006.

El deudor no podrá solicitar la admisión al proceso de insolvencia en los términos de la ley 1116 de 2006 y el juez del concurso decretará la liquidación simplificada de la empresa.

"La libertad es el derecho a hacer lo que permite la ley".

Montesquieu

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