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La Acción Revocatoria en el Régimen de Insolvencia Empresarial

La Ley 1116 de 2006 o Régimen de Insolvencia Empresarial, tiene por objeto, la recuperación y conservación de la empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, sin restar importancia, más bien procurando equiparar dicha recuperación con la protección de los derechos de los acreedores de la compañía a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial.

Por regla general, la facultad de disposición de los bienes o recursos de una sociedad se halla en cabeza de sus administradores, con arreglo a lo establecido en los estatutos y/o la Ley.

Sin embrago, cuando una empresa inicia un proceso de reorganización al amparo de la Ley 1116 de 2006, las facultades mencionadas, incluidas las de la administración de los negocios de la compañía, se ven limitadas o restringidas en la medida que pueda afectar la prenda general de los acreedores. Cuando se decreta su liquidación judicial, quien se encarga de administrar los bienes de la compañía es el liquidador designado para dicho fin por la Superintendencia de Sociedades.

El artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 consagra la Acción Revocatoria y de simulación, de aplicación, tanto a las empresas en proceso de reorganización como las que se encuentran en proceso de liquidación judicial. Dicha acción tiene como propósito la reintegración al patrimonio del deudor, mediante declaración judicial, de uno o varios bienes, muebles o inmuebles, cuando quiera que respecto de estos se hayan realizado, por parte de personas naturales o jurídicas, en situación de insolvencia, o con conocimiento de la misma, actos que deterioren los activos de la empresa en detrimento de los acreedores.

En términos generales existen tres presupuestos o condiciones para el inicio de la acción revocatoria. El primero de estos presupuestos es de tipo objetivo y consiste en que “dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos.”

El presupuesto transcrito del artículo 74 de la Ley 1116, respecto de la procedencia de la acción revocatoria, da cuenta de la obligación, en cabeza del demandante, de aporte probatorio respecto del hecho que el acto se ejecutó con insuficiencia de bienes para cubrir la totalidad de las obligaciones reconocidas en el proceso, al igual que del daño causado o la variación de la prelación de pagos.

El segundo presupuesto que da lugar a la acción revocatoria concursal es de tipo subjetivo, el cual no dispone para su prosperidad que el acto haya sido realizado injustificadamente, ni la prueba de ausencia de buena fe exenta de culpa del deudor, sino prueba de la mala fe de este en los actos dispositivo a título oneroso y para los contratos de arrendamiento y comodato, conforme el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, cuando “no aparezca que el adquirente arrendatario o comodatario, obró de buen fe”.

El tercer elemento es el temporal, necesario para la declaración de ineficacia de los actos reprochables por parte del deudor, y consiste en demostrar que tal o tales actos se ejecutaron dentro del denominado periodo de sospecha, que buscan cuestionar, en un determinado periodo de tiempo, la lealtad con que el deudor realizó tales actos, previendo una futura admisión a un proceso de reorganización o su inminente declaratoria de liquidación judicial.

Es así como la Ley 1116 de 2006 estableció diferentes términos dependiendo del acto que se pretende revocar, tomando como base, la fecha de apertura del proceso de reorganización o de la liquidación judicial.

Así, para los actos onerosos, al igual que para los contratos de arrendamiento y comodato el legislador estableció un término de 18 meses (núm. 1° art. 74 Ley 1116 de 2006). Para los actos celebrados a título gratuito, el término es de 24 meses (núm. 2° art. 74 Ley 1116 de 2006) y para las reformas estatutarias fijó un término de 6 meses. Todos estos términos para impulsar la acción revocatoria se deben contabilizar hacia atrás a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial.

Por otra parte el artículo 75 de la Ley 1116, legitimó para dar inicio a la acción revocatoria al promotor dentro del proceso de reorganización, al liquidador designado para adelantar la liquidación judicial y a cualquier acreedor reconocido dentro del trámite concursal, teniendo estos últimos además como estímulo, de conformidad con el parágrafo del artículo 74: “En el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el acreedor demandante tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título de recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio que directa o indirectamente se reporte.”

Debe considerarse, además, que el legislador estableció un término de caducidad de seis meses para ejercer la acción revocatoria concursal, contados a partir de la fecha de ejecutoria del Auto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto.
Por último, la competencia para conocer de las acciones revocatorias concursales corresponde a la Superintendencia de Sociedades o al Juez Civil del Circuito, dependiendo donde se esté adelantando el trámite de insolvencia.

Área Insolvencia – MA&AA

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