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Los vicios de los actos asamblearios

Junio 23 de 2020

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De acuerdo con el profesor Garrigues, las asambleas de accionistas o juntas de socios son “aquellas personas físicas o pluralidad de estas a las que la ley faculta para decidir sobre los asuntos sociales manifestando la voluntad de la sociedad y para desenvolver en general la actividad de esta”

Al amparo de la teoría organicista, coincidente con la conceptualización del profesor Garrigues, la asamblea general de accionistas (denominación para S.A. y S.A.S.) o junta de socios (denominación para sociedad colectiva, limitada y en comandita simple), es el órgano máximo de dirección del ente societario, cuyo interés obedece a la voluntad de los socios y no al deseo particular de estos, tendiente a la conducción organizada de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Las decisiones o acuerdos, producto de las deliberaciones de los socios o accionistas, son la expresión máxima y materialización del derecho de los asociados de participar y votar en las reuniones sociales. Sin embargo, en tanto actos jurídicos, la oponibilidad de tales decisiones está condicionada al cumplimiento de los requisitos esenciales o condiciones jurídicas establecidas por la Ley o los estatutos de la sociedad, cuya inobservancia vicia tales determinaciones y puede generar su impugnación.

El cumplimiento de tales requisitos no se limita a las condiciones de operatividad de la reunión, como son el ánimo de constituirse en junta o asamblea, la deliberación y la votación, sino que además deben cumplirse las condiciones legales y estatutarias del procedimiento asambleario previo, es decir, la convocatoria, el domicilio social y el quorum.

El artículo 188 del Código de Comercio señala lo siguiente: “Las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes.”

La Ineficacia: Según las voces del artículo 433 del Código de Comercio, serán ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea, en contravención de las reglas prescritas en la sección I, capitulo III, titulo 6° de tal Código. La ineficacia es una sanción a un acto que pese a nacer a la vida jurídica, por carecer del cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 186 del Código de Comercio, es decir, que las reuniones se desarrollen en el domicilio de la sociedad, (excepción asambleas universales, o de las S.A.S., art. 18, Ley 1258 de 2008.) y con el cumplimiento de la correcta convocatoria y quorum contenidos en los estatutos o en la Ley; no produce efectos, sanción que opera por disposición legal y no por decisión de un Juez, es decir por encontrarse predeterminada en la Ley, razón por la cual no requiere ser sometida al escrutinio de un Juez o de autoridad administrativa, sino que basta con el reconocimiento de los presupuestos de tal ineficacia por parte de la autoridad administrativa o del Juez. Así las cosas, las decisiones afectadas de ineficacia, no tiene efectos entre las partes que las suscriben, ante la sociedad ni ante terceros. Cabe aclarar que por tratarse de una sanción que obra de modo automático por ministerio de la ley, y en consecuencia, por no ser susceptible de impugnación, dicha ineficacia no está condicionada al termino de caducidad contenido en el artículo 191 del Código de Comercio. Por otra parte, el acto ineficaz no es subsanable, dada su simple apariencia de legalidad, pero que clara e inequívocamente no ha producido efecto jurídico alguno. A manera de ejemplo un acto que puede reputarse ineficaz es la decisión tomada en asamblea de accionistas cuya celebración haya sido precedida de una convocatoria irregular, (Supersociedades, Oficio 220-70548, 20/10/2003) es decir que no se ajuste a lo establecido en los estatutos o la Ley, con las excepciones legales en cuanto a convocatoria, por ejemplo, para las asambleas universales.

La Nulidad: De conformidad con el artículo 190 del Código de Comercio, los acuerdos de asambleas de accionistas serán absolutamente nulos, cuando excedan los límites del contrato social, y respecto de toda clase de sociedades distintas de las anónimas, cuando se adopten sin el número de votos requerido en la ley o en los estatutos.

“A diferencia de las decisiones ineficaces, los actos nulos producen efectos mientras la autoridad jurisdiccional no declare la nulidad y retrotraiga las cosas a su estado anterior. Por lo tanto, en frente de esta clase de actos, puede hablarse de su saneamiento por ratificación de la decisión correspondiente, bien sea porque se convalide con el número de votos requerido, o porque a través de una reforma estatutaria se enerve su carácter extracontractual” (N. H. M. N. – Catedra de Derecho Societario)

El acto viciado de nulidad es susceptible de impugnación en las voces del artículo 191 del Código de Comercio, siempre que dicha acción de impugnación se adelante dentro de los dos meses siguientes a la fecha de celebración de la asamblea o junta de socios, y en el evento que los acuerdos o actos suscritos en la reunión sean susceptibles de registro en la Cámara de Comercio correspondiente, los dos meses comenzaran a contar a partir de la fecha de la inscripción. Cuando dicha nulidad no sea impugnada dentro del término señalado, el acto será saneado por operar la caducidad de la acción.

Ahora bien, resulta de vital importancia lo dispuesto en los articulo 192 y 193 del Código de Comercio, respecto del deber de los administradores de abstenerse de ejecutar las decisiones viciadas de nulidad, además del de impugnar tales decisiones, a riesgo de verse en la posición de tener que indemnizar a la sociedad por los perjuicios causados por su omisión o negligencia.

La Inexistencia: Esta figura suele confundirse con la de la Ineficacia, sin embargo, una diferencia sustancial es que la Inexistencia, a diferencia de la Ineficacia, requiere de declaración judicial. Para conocer los elementos que determinan la existencia del acto jurídico, debemos remitirnos a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 06 de agosto de 2010 en la cual señaló que (…) “El acto o negocio jurídico es la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos” (…) Desde esta perspectiva, la inexistencia se refiere al no ser de un acto o negocio jurídico por su no realización, o por la ausencia de la manifestación de la voluntad y el objeto conforme las formas exigidas por la Ley. Por su parte el Consejo de Estado se había pronunciado acerca de la diferencia principal entre Ineficacia e Inexistencia a través de providencia del 7 de octubre de 1997 cuando señalo que: (…) “la Inexistencia se predica de los negocios jurídicos cuando se celebraron sin las solemnidades sustanciales que la Ley exige para su formación o cuando falte alguno de sus elementos esenciales (art.899 C. de Co.) En cambio, la Ineficacia es un fenómeno jurídico que está referido a la ejecutoriedad del acto, en cuanto no puede producir efectos, sin necesidad de declaración judicial” (art. 897 C. de Co.) (…) La decisión Inexistente más frecuente en temas asamblearios, son las contenidas en actas falsas elaboradas tras la supuesta celebración de reuniones que nunca ocurrieron, por tanto, no concurre en tales decisiones la voluntad de los socios o accionistas. 

La Inoponibilidad: Conforme la exposición de motivos de Código de Comercio de 1958, las decisiones de asamblea o junta general deben tener carácter general, es decir, ser de común interés para todos los socios de la compañía, a excepción de los privilegios que se puedan pactar, conforme la ley o los estatutos sociales. Lo anterior sencillamente quiere decir, que las decisiones que se tomen, sin consideración del carácter general de estas, podrían comportar inequidad, discriminación, abuso del derecho o despojo, como lo manifestara en algún momento el profesor Ignacio Sanín Bernal. Ahora, las decisiones que se adoptan sin tener en cuenta a los socios industriales o sin derecho a voto, los cuales efectivamente no poseen tales derechos políticos, si se tornan discriminatorias, bien porque disminuyen las garantías y derechos de los primeros, o por cualquier otro motivo, se viciaran igualmente de inoponibles por abuso del derecho.

Willington Morales R. –  Socio MA&AA

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