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Medidas cautelares en procesos de reorganización empresarial

De acuerdo con el maestro Hernán Fabio López Blanco, “La medida cautelar en el proceso civil busca precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas, los bienes o los medios de prueba mientras se inicia un proceso o se adelanta el mismo. Es frecuente el equivoco de pensar que ellas solo se predican sobre bienes, pero idéntica es su naturaleza jurídica cuando la institución recae respecto de personas.” (López Blanco H.F.- C. G. del P. parte general 2017, pág. 1075)

Las medidas cautelares conocidas en nuestro Código General del Proceso dan cuenta del embargo, el secuestro, el registro de la demanda y la guarda y aposición de sellos, además de las medidas cautelares innominadas. A estas debe adicionarse las reales contenidas en Código de Comercio como es el caso del comiso de artículos fabricados con violación de las patentes.

En el caso de nuestro régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006, pese a la importancia que suponen las medidas cautelares, no existe un capítulo exclusivo a estas en los procesos de reorganización, sino que se dispersan a lo largo de la norma.

En este punto, se considera oportuno, además de determinar las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos concursales, fijar el momento en que se pueden aplicar.

El numeral 7° del articulo 19 de la Ley 1116 de 2006 autoriza al Juez de concurso a: “Decretar, cuando lo considere necesario, medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar, en todo caso, la inscripción en el registro competente la providencia de inicio del proceso de reorganización, respecto de aquellos sujetos a esa formalidad.”

De la norma transcrita es posible colegir que el Juez del concurso cuenta con total autonomía para decretar cualquier medida cautelar que considere oportuna y necesaria, sin limitarse al embargo de bienes o derechos del deudor, y además le impone la obligación de registrar el Auto de inicio del proceso de reorganización en la oficina de registro correspondiente, de acuerdo con los bienes que posea el deudor, como podrían ser, vehículos, bienes inmuebles, propiedad industrial, naves o aeronaves etc. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurría en vigencia de la Ley 222 de 1995, respecto de los bienes susceptibles de embargo en procesos concordatarios, la Ley 1116 de 2006 permite la practica de embargos sobre cualquier bien del deudor durante el curso del trámite recuperatorio.

Ahora bien, podríamos decir que las medidas de fiscalización de la gestión de los administradores de la concursada contenidos en artículos como el 17 y 19 Numeral 6° de la Ley 1116, son equiparables con medidas cautelares, con la diferencia que estas recaen sobre las facultades de disposición de los bienes de la empresa deudora por parte de sus administradores y la toma de decisiones como puede ser una reforma estatutaria, a partir del momento en que se presenta la solicitud de admisión al proceso de reorganización.

En efecto el articulo 17 de la Ley 1116 de 2006, entre otras limitaciones a la toma de decisiones y disposición de activos de la compañía señala que: “A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de  garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo” (…)

Dispone además el articulo 17 que: “La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las operaciones indicadas podrá ser solicitada por el deudor mediante escrito motivado ante el juez del concurso, según sea el caso.”

De manera similar el numeral 6° del articulo 19 dispone que entre los aspectos que debe contener la providencia que da inicio al proceso recuperatorio se debe: “Prevenir al deudor que, sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas.”

En lo que respecta a las medidas cautelares practicadas en los procesos de ejecución o cobro que cursaban en contra del deudor antes de la emisión del Auto que lo admite al proceso, remitidos al juez del concurso una vez admitida la empresa al trámite recuperatorio, mismas que al igual que dichos procesos se incorporan al trámite concursal y quedan a disposición del juez en virtud del artículo 20 de la Ley 1116, su futuro dependerá del estudio que haga el Juez para determinar si continúan vigentes o se levantan dichas cautelas, de acuerdo con su conveniencia para los fines del proceso, “atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada”.

Así las cosas, además de contar con total libertad para decretar las medidas cautelares que estime convenientes dentro tramite del proceso, el juez del concurso puede decidir acerca de aquellas practicadas en los procesos de cobro que se arriman al concurso, basado en los argumentos que le presente el promotor respecto de su urgencia, necesidad y conveniencia para la adecuada operación de la concursada.

Es así como, tanto la facultad que se atribuye al juez del concurso de decretar las medidas cautelares que estime convenientes durante el trámite de la reorganización, como la limitación y vigilancia en la disposición y administración de los bienes del deudor, como el manejo que dé a las medidas cautelares practicadas en los procesos de cobro o ejecutivos que se incorporal al trámite concursal, buscan brindar seguridad jurídica y proteger a los acreedores de una indebida administración, disposición y enajenación de la prenda general que respalda el cumplimiento de sus acreencias en desarrollo del proceso recuperatorio.

Willington Morales R. –  Socio MA&AA

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