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Reorganización dentro de proceso de liquidación judicial

La finalidad del régimen concursal y de insolvencia, entendidos estos como los mecanismos de negociación de deudas y el de convalidación de acuerdos privados sobre estas, más conocido como Proceso de Reorganización o de recuperación empresarial, así como el de Liquidación Judicial, amparados por la Ley; tienen como finalidad, la protección del crédito, del empleo y de la empresa viable, a través de la conservación de esta como fuente generadora de riqueza, y en el  evento de su no viabilidad, el aprovechamiento de su patrimonio en beneficio de sus acreedores.

El principal parámetro para definir entre reorganización y liquidación de una empresa es el de  viabilidad, medible, en términos económicos, sobre la base del valor de los activos de una compañía como empresa en marcha, lo cual quiere decir sencillamente, que si el valor de liquidación de los activos de la empresa es mayor que como empresa en marcha, el camino será la liquidación judicial, mientras que si se logra establecer que la recuperación del crédito tiene mayor viabilidad mediante el proceso de reorganización, muy posiblemente los acreedores optarán por apoyar a la empresa en tal proceso.

Los procesos de reorganización contemplan unas etapas establecidas en la Ley, y buscan, de una manera ordenada y democrática, negociar obligaciones vencidas con acreedores de la compañía, que serán finalmente quienes deciden, a través del voto, apoyar el acuerdo o no, basados en los mencionados criterios de racionalidad económica.

Cuando la empresa no suscribe el acuerdo con sus acreedores, o suscribiéndolo y confirmado por el juez del concurso, lo incumple, es posible que se ordene su liquidación por este motivo, o por alguna de las razones señaladas en el artículo 49 de la Ley 1116 de 2006. Sin embargo, aun en estado de liquidación judicial, es posible proponer un Acuerdo en dicha situación. El artículo 66 de la Ley 1116 de 2006 contempla tal posibilidad en los siguientes términos: “Artículo 66. Aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto, el liquidador o quienes representen no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos, podrán proponer la celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el juez del concurso convocará a una audiencia. A este acuerdo, le serán aplicables en lo pertinente las reglas previstas en esta ley para el acuerdo de reorganización. En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el proceso de liquidación judicial.”

Ahora bien, tal como lo aclara la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-085047 del 25 de mayo de 2020, la celebración del acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial presupone el cumplimiento y la firmeza de varias etapas procesales, entre ellas las de elaboración del inventario, los avalúos de los activos disponibles para el pago de las obligaciones, la determinación del pasivo que va hacer objeto de pago y los derechos de voto que le corresponden a los acreedores al interior del proceso de liquidación judicial de la sociedad, en los términos del artículo 531 de la Ley 1116 de 2006.

De esta manera, nuestro ordenamiento legal de insolvencia pone de presente su coherencia con el espíritu, la finalidad y bondades del régimen concursal dirigido a los empresarios que arriesgan recursos, prestigio y su propia tranquilidad a través del impulso de sus emprendimientos, amenazados  especialmente en tiempos de crisis; espíritu que debería ser replicado en otras áreas de nuestro derecho societario como el inquisitivo régimen de administradores, especialmente en lo concerniente con las anacrónicas prohibiciones impuestas a estos funcionarios contenidas en el Código de Comercio.

Willington Morales R. –  Socio MA&AA

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